El fracaso de las paguitas


 

Estos días en la CCAA de las Islas Baleares han aparecido informaciones que denotan cierto descontrol en la aplicación de la RESOGA. Rápidamente el Govern ha manifestado que no es tan fácil controlar esta prestación, bien sea por la edad, los cambios de domicilio y dificultades de localización de los beneficiarios. Bienestar Social, casi oculta que la sustituida consellera ya apuntó cierto desconcierto en el control del chiringuito en cuestión, aquí aparece la titular de la anterior legislatura, de la izquierda balear, dando sus argumentos y poder diluir responsabilidades. Ocurre que estos chiringuitos, podrían dejar de serlo, simplemente evitando el enchufismo (nepotismo), buscando perfiles de fuerte calado en sus capacidades y estuvieran por encima de sus aparentes ideologías. Total, cambian de chaqueta como si tal cosa, así evitan represalias y sanciones por su incapacidad, torpeza e ineptitud.

Los informes de FEDEA, de Lorenzo Bernaldo de Quirós, y otros, cuestionan la eficacia de las ayudas públicas impulsadas por el Gobierno, que, los políticos autonómicos, o bien hacen la vista gorda, o son incapaces de apreciar lo nefasto que resultan, puesto que ocasionan un tremendo gasto y falta de control, superando los 5.000 millones de euros anuales que fluyen de los impuestos. Trágico resulta que en nada contribuyan a reducir la pobreza y mucho menos en encontrar un trabajo. Este tipo de ayudas y prestaciones eternizan la precariedad.

Al presentar el Gobierno unas cifras como si fuera un éxito, resulta chocante. Sin reconocer fallos de control y seguimiento, no solo antes, también después de conceder las ayudas, lógicamente resulta imposible el control. En pleno éxtasis, es capaz de destacar el Ministerio de turno que el Ingreso Mínimo Vital, llega ya a 2,4 millones de personas, celebrando el aumento de beneficiarios como un logro, cuando es un estrepitoso fracaso, ya que el objetivo debería ser reducir la cantidad de perceptores y no aumentar el número de los mismos, es decir, reducir la pobreza, no incrementarla obligando al ciudadano a recurrir a ayudas para sobrevivir.

Además, desde Moncloa, el Gobierno repite que la “economía va de cine”, mientras los que van al cine son sus inquilinos. El contraste que ofrece este falso optimismo, falso y engañoso como todo lo que hacen, dicen y piensan, resulta contradictorio. La pobreza crece al depender de subsidios, el paro supera con creces los tres millones de personas, de la cesta de la compra y el IPC, mejor ni hablar de ellos.

Es un acierto que en los análisis y estudios de Fedea y demás técnicos, se recomiende que las prestaciones deberían ser un medio temporal para la incorporación de las personas al mercado laboral y no un fin en si mismas. Urge pues el control y la evaluación independiente sobre el destino y los resultados del dinero público, pues, es obvio que el Ejecutivo no tiene las aptitudes necesarias y la capacitación para ello. El dinero público, sí es de alguien.


Tomeu Pizá (noviembre 2025).


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