No todo vale
La decisión del Gobierno de regularizar a cientos de miles de inmigrantes (hasta 840.000, según Funcas) merece un debate más profundo del que se está produciendo. Nadie cuestiona la necesidad de mano de obra extranjera en una economía que envejece y que prevé caídas en la población activa. De hecho, la llegada de extranjeros explica aproximadamente la mitad del crecimiento económico desde 2022. Pero esa realidad convive con otra y es que realmente en España hay casi 4 millones de parados. La cuestión no es solo cuántos regularizamos, sino en qué condiciones y con qué garantías. La principal inquietud gira en torno a la laxitud en los requisitos exigidos, especialmente en lo relativo al certificado de antecedentes penales. En este contexto de presión migraroria creciente, rebajar controles esenciales puede transmitir un mensaje equivocado y un efecto llamada. La policía ya ha detectado un aumento de denuncias por robo de pasaportes y la circulación de documentos falsos. Tampoco en Bruselas ha pasado desapercibida la medida. La Comisión Europea ha advertido a España de que un permiso de residencia no puede convertirse en un cheque en blanco. El espacio Schengen implica corresponsabilidad, ya que lo que se decide en Madrid tiene efectos en toda la UE. Además, hay datos que no se pueden obviarse. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión entre extranjeros alcanza el 43,6% frente al 19,4% entre españoles. Regularizar sin una integración laboral sólida puede terminar consolidando bolsas de vulnerabilidad en lugar de resolverlas. No basta con otorgar papeles, queremos empleo estable y cotizaciones reales. La regularización debería estar vinculada de forma clara a un contrato de trabajo que incorpore a estas personas con garantías y reforzando los mecanismos de control. Pedro Sánchez hablaba de una regularización “ordenada”. Ese es el núcleo del debate. Regularización, sí. Pero con requisitos rigurosos y coordinación europea.
Más claro agua.
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